A partir del próximo curso el profesor, el maestro, el director del centro escolar va a tener en Cantabria consideración de autoridad. Y como docentes, contarán con la presunción de veracidad y tendrán capacidad para tomar decisiones sancionadoras. Todo ello es parte de lo que se recoge en el anteproyecto de una ley, a la que se titula 'Autoridad del Profesorado y de la convivencia de los centros educativos', con la que Gobierno de Cantabria piensa trasladar a norma la promesa electoral del PP sobre el reconocimiento del docente como autoridad pública. O, dicho de otro modo, «del incremento del respeto y consideración debida hacia la persona del profesor por parte de la comunidad educativa», como refirió el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, quien adelanto que el deseo del Ejecutivo es tener lista la ley en unos pocos meses. La ley y un decreto para dotar de mayor autonomía a los centros educativos.
El espíritu de la futura ley no es otro que recuperar para el profesor el respeto como lo tenía «hace años», según resalta el consejero de Educación. Detrás del profesor estará, además, el reconocimiento y la protección jurídica del Gobierno con la presunción de veracidad para el docente. Una autoridad a la que la normativa le va a conferir, además, potestad para tomar decisiones rápidas -«medidas correctoras, no sancionadoras», apunta Serna- con el propósito de mantener el adecuado ambiente de estudio y aprendizaje. Es decir, castigos o decisiones relacionadas con las actividades escolares (faltas injustificadas, impuntualidad, daños leves en las instalaciones, etc...). Otra cosa serían las conductas «gravemente perjudiciales», como el consumo e introducción de sustancias, daños graves en las instalaciones, acoso, etc. , que sí requerirían sanciones más importantes. Es decir, castigos más importantes y, al tiempo, un procedimiento diferente y más detenido. Sanciones que, en situaciones más extremas, podrían llegar a 20 días lectivos sin clase, a la reparación económica de los daños materiales, e incluso, al cambio de centro educativo, si fuera el caso.
Y en el caso de ser objeto de agresión, el hecho de ser reconocidos como autoridad lo mismo que a un policía -cuando se ataca a un agente del orden el delito se tipifica como atentado a la autoridad- supone que la agresión a un docente estará tipificado como delito y con penas más fuertes que otro tipo de agresiones.
Decreto de autonomía
El anteproyecto de ley, que ya está ultimado, va a pasar ahora por el tamiz del Consejo Escolar para que lo estudie y analice antes de darle traslado al Parlamento regional.
También presentará para su debate, pero en este caso a los directores de los colegios e institutos, el decreto que prepara el Gobierno sobre la autonomía de los centros educativos. Dice Serna que el modelo que proponen dará potestad para que los centros desarrollen mayor autonomía mediante contratos programa que requerirán, eso sí, de una evaluación de resultados. El consejero entiende que no hay dos centros iguales por alumnos, intereses de los padres o condiciones de los profesores. De ahí que el Gobierno abogue para que cada uno sea «protagonistas de su desarrollo» frente a lo que entiende como «uniformismo» actual.
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