La Policía Judicial de la Guardia Civil de Castro Urdiales ha iniciado una investigación a raíz de las declaraciones que realizó el pasado viernes el interventor municipal, Fernando Martínez, en las que aseguró que «algunas pedanías no cumplen la ley de contratos».
El funcionario acusó a varias juntas vecinales de «incumplir la ley de contratos» durante el pleno en el que se aprobó la ampliación del plazo para que Sámano, Otañes, Mioño y Ontón justifiquen correctamente las inversiones realizadas con la subvención de 2,7 millones de euros, del canon del agua, que se repartió entre todas las pedanías salvo Santullán, que discrepó en la valoración económica realizada.
Martínez puso en cuestión el modo de proceder de ciertas pedanías e incluso puso en entredicho la existencia de las Juntas Vecinales como instituciones dependientes del Ayuntamiento. «Las justificaciones de las subvenciones han sido bastante defectuosas en general. No es lógico que se presenten para justificación obras que no han seguido la ley de contratos. Eso es más grave y es la clave de todo el sistema. Porque todo esto me lleva a pensar que si el Ayuntamiento hubiese ejecutado las obras habrían salido más baratas», apuntó.
Estas declaraciones del interventor han llevado a la Policía Judicial a iniciar una investigación sobre el modo de proceder de esas juntas vecinales. Ayer, los agentes de la Guardia Civil citaron a Martínez para tomarle «declaración voluntaria» sobre lo que comentó en el pleno del viernes y que fue publicado por este periódico al día siguiente. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el funcionario ratificó todo lo manifestado durante esa sesión plenaria. Lo que no se sabe, de momento, es si el funcionario ya ha aportado la documentación que respalda lo que afirmó el pasado viernes.
Martínez insistía en que había juntas vecinales que habían engordado facturas, de ahí que dijera que si el Ayuntamiento de Castro habría hecho esas obras el coste hubiera sido inferior. Por su parte, el alcalde de Castro, Iván González, dijo que Sámano y Otañes eran las que no había justificado sus gastos.
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