Melchor Gil, hombre fuerte del PSE y cuñado del lehendakari, que ha defraudado a la Hacienda de Bizkaia 103.551 euros y a quien la Fiscalía investiga por un presunto delito económico, aportó un contrato con un prestamista de Sevilla investigado meses más tarde por blanqueo de capitales para intentar justificar los 419.074 euros cuyo origen no ha podido determinar. La mayor parte de esa cantidad la destinó a pagar un chalé con piscina en Castro Urdiales (Cantabria). La subinspectora encargada del caso Melchor Gil concluye tras analizar el supuesto préstamo que es "falto de verosimilitud" y que incurre en "incongruencias", y lo rechaza como prueba que acredite el origen de los fondos investigados.
Hacienda investiga al vicesecretario general del PSE de Bizkaia y a su esposa, M. C. G. C., por no poder justificar el origen de esos 419.074 euros en su poder. Tal como informó este periódico, este concepto se divide en dos frentes: los pagos con dinero en metálico por 399.514 euros para sufragar parte de los 669.514 que costó su chalé (abonos realizados en parte con 1.743 billetes de distinto valor, entre ellos 292 de 500 euros) -más otros 6.960 euros también pagados a tocateja en la compra de la parcela de terreno-, y los abonos en sus cuentas de origen indefinido por 12.600 euros.
El cuñado del lehendakari, a quien comunicaron la apertura del expediente el 29 de junio de 2010, presentó el presunto préstamo en Hacienda un año después, el 15 de junio de 2011. Este periódico ha tenido acceso al contrato, rubricado en Sevilla el 1 de febrero de 2007 entre Luis Castel Romero, como representante de Vivendia Group Cassa S. L., y Melchor Gil y su esposa. Castel irrumpió en los medios al intentar comprar a Manuel Ruiz de Lopera sus acciones del Betis y fue investigado en 2008 por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por movimientos de dinero de origen desconocido. Según publicaron entonces medios de comunicación de la capital hispalense, el empresario apareció relacionado con otras dos investigaciones del Sepblac.
150.000 EUROS
El supuesto contrato de préstamo, redactado en tres folios y carente de sello de la empresa, asegura que Vivendia Group Cassa S. L. se encuentra en disposición de dotar de fondos al matrimonio Gil para la realización de determinadas inversiones en relación con la compra de ciertos activos inmobiliarios. En la primera de las nueve estipulaciones, el prestamista cifra en 150.000 euros la cantidad a prestar, "según los plazos y fechas que designen Gil y su esposa y siempre antes del 31-12-2008". La tercera estipulación otorga cinco años al matrimonio para devolver el dinero, concedido con un interés del Euribor más el 1%. Hacienda muestra su extrañeza por este tipo de interés impuesto, "muy inferior" al de mercado, y teniendo en cuenta que se trata de un préstamo sin garantía alguna.
El análisis del documento por la subinspectora del caso resulta demoledor. En primer lugar, subraya que, de las ocho veces que se cita a la empresa prestataria en el documento, en ninguna de ellas aparece correctamente escrita. Y por errores distintos. Hacienda califica estas incorrecciones como "excesivas": "Parece poco probable que alguien con el poder de representación suficiente en la Mercantil para firmar estos documentos no repare en la serie de errores relacionados con la denominación social de la misma, de forma que en ningún caso se ha hecho constar la denominación correcta".
"NO TIENE EFICACIA"
Sobre la validez legal del documento también es tajante, ya que no se encuentra incorporado en ningún registro público: "Es imprescindible documentar la existencia del préstamo en una escritura pública, o en documento privado, siempre que la fecha del mismo tenga eficacia frente a terceros, y por tanto frente a la Administración Tributaria. (...) El contrato de préstamo aportado no tiene eficacia frente a terceros ni, por tanto, frente a la Administración Tributaria".
Además, cruzando las supuestas cuatro entregas del préstamo y los diez pagos afrontados por el matrimonio por su chalé, la subinspectora certifica que estas cantidades no guardarían relación con la compra de la vivienda cántabra: "Tras analizar las fechas en las que se han recibido los importes que indican los folios de referencia (por el préstamo) y los pagos que se han realizado en relación con la única inversión inmobiliaria conocida (...) no acreditan en modo alguno que, en definitiva, las cantidades que constan en esas hojas por un importe de 150.000 euros hayan sido destinadas al pago de las facturas relacionadas con los pagos del chalé a Promociones de Bizkaia S. L.".
Hacienda concluye, por tanto, que dicho préstamo no puede considerarse como prueba: "No tiene validez frente a terceros, no se ha probado la existencia real del préstamo, ni la recepción de los importes por parte de Gil y su esposa, ni que el importe recibido fuera destinado al pago de las facturas del chalé".
Como colofón, la subinspectora alude a su fecha de presentación como prueba, casi un año después de que se iniciaran las pesquisas: "Curiosamente, se produce una vez detectadas unas importantes cantidades no justificadas y después de un año desde que tales hechos se detectaron, lo que reforzaría, junto con la no justificación de los movimientos de efectivo por ningún otro medio de prueba, su no admisibilidad como prueba justificativa de los fondos no justificados".
Mediante un comunicado sin firma enviado el pasado martes a los medios de comunicación, el cuñado del lehendakari acusó al PNV y a la Diputación de haber manipulado el proceso de inspección. Gil también anunció su intención de iniciar acciones legales para "esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias".
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