El juez Acayro asume la investigación sobre las cuentas de las pedanías de Castro

Juzgados de Castro Urdiales

A una semana de cumplirse cuatro años de investigación en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, el magistrado Luis Acayro Sánchez asume un nuevo caso: el de las cuentas de las pedanías. Un polémico asunto que ha sacado a la luz el interventor municipal, Fernando Martínez, después de asegurar en el pleno del pasado viernes que había algunas juntas vecinales que «no cumplen la ley de contratos».

El funcionario señaló a varias pedanías en el punto en el que se aprobó la ampliación del plazo para que Sámano, Otañes, Mioño y Ontón justifiquen correctamente las inversiones realizadas con la subvención de 2,7 millones de euros, del canon del agua, que se repartió entre todas las pedanías salvo Santullán, que discrepó en la valoración económica realizada.

«Las justificaciones de las subvenciones han sido bastante defectuosas en general. No es lógico que se presenten para justificación obras que no han seguido la ley de contratos. Eso es más grave y es la clave de todo el sistema. Porque todo esto me lleva a pensar que si el Ayuntamiento hubiese ejecutado las obras habrían salido más baratas», apuntó.

Ante estas afirmaciones y como avanzó ayer este periódico, los agentes de la Guardia Civil citaron a Martínez, el pasado lunes, para tomarle «declaración voluntaria» sobre lo que comentó en el pleno del viernes y que fue publicado por este periódico al día siguiente. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el funcionario ratificó todo lo manifestado durante esa sesión plenaria.

Por la tarde, el juez Acayro, que estaba de guardia, se hizo cargo del caso y tomó declaración al interventor. En principio, la investigación se centra en el modo de adjudicar obras de las pedanías de Otañes, que estaba gobernada en la pasada legislatura por Francisco González y recibió 533.928 euros, y Sámano, que estaba regida por Javier Eguren y percibió 913.266 euros del canon del agua. Ayer, este periódico se puso en contacto, sin éxito, con los dos expedáneos.

Los que sí se pronunciaron son los actuales presidentes de estas juntas vecinales. Santiago Berriolópez (Otañes) reconoció que en la junta «sólo hay facturas y ninguna oferta presentada por empresas». «Cuando llegué estaba toda la documentación en Intervención. Sólo he tenido que justificar 40.000 euros que quedaban pendientes».

Por su parte, Fermín Urquijo (Sámano), dijo que «el dinero se ha gastado de aquella manera» y que el interventor es el que sabe cómo se realizó el procedimiento.